20 DE AGOSTO DE 2007
Exhorta diputado a lograr igualdad social
En su discurso inaugural del Primer Encuentro Laico Internacional sobre Diversidad, Sexualidad y Familias, el legislador perredista David Sánchez Camacho, resaltó la necesidad de un Estado Laico que permita la inclusión social de lo diverso.

Redacción Anodis

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En un país como este que experimenta una incipiente democracia, es necesario recurrir a la tolerancia, análisis y planteamiento de ideas que nos dirijan a las coincidencias a través de acuerdos para convivir sin violencia con democracia, igualdad, equidad, orden y justicia para todas y todos. Es así que en los orígenes del Estado laico durante el siglo XVIII el legado racionalista de la ilustración se antepuso en contra del oscurantismo dogmático, el progresivo triunfo de la ciencia sobre la ignorancia y de la razón sobre el fanatismo religioso, invalidando el ejercicio de la violencia física como forma para imponer a los individuos, creencias ajenas a su libre voluntad o tradición. En el Estado laico, sin duda, las iglesias han dejado de contar con el dominio monopólico que se atribuían, proceso al que contribuyeron los que lucharon durante los últimos trescientos años que denunciaron las incongruencias eclesiales, limitando o suprimiendo su influencia sobre las leyes y las autoridades. La modernidad propició una visión del mundo permeada por el laicismo, y la tolerancia nació como un valor producto de éste. Libertad y tolerancia son conceptos que están vinculados a la laicidad, su correcta combinación permite neutralizar el resurgimiento de los valores absolutos. En México, la defensa del laicismo no busca atentar contra las libertades de las instituciones religiosas, sino evitar cualquier oportunismo político que pretenda sustentar la legitimidad del poder público de este país. La defensa del laicismo, herencia primordial de los liberales del siglo XIX, implica la defensa de la libertad y los derechos de todos los mexicanos, independientemente de la posición que ocupan dentro de la sociedad o de sus creencias. Con la separación entre el Estado y la Iglesia; la religiosidad y las creencias dejan de ser un asunto público y se convierten en un asunto cada vez más personal y privado. En la medida que la Iglesia deja de pertenecer a la esfera pública, lo religioso pasa a ser políticamente irrelevante. El papel de la religión deja de tener trascendencia social. La Constitución de 1917 fue más allá del espíritu liberal de las reformas del siglo XIX. Las iglesias no existían jurídicamente y la religión se profesaba en los templos o en las casas. Los ministros de culto estaban sujetos a todo tipo de restricciones políticas y los partidos no podían tener referencias confesionales. A partir de 1938 apareció una nueva forma de convivencia entre la Iglesia y el Estado mexicano. La Iglesia aceptó el monopolio estatal sobre la cuestión social, a cambio de la tolerancia gubernamental respecto de las actividades educativas eclesiales. Durante el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari se modifican y crean diversos instrumentos jurídicos que dan origen a la reforma constitucional en materia religiosa de 1992. Cabe recordar que se modificaron los artículos 24 y 130 y se creó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta reforma establece un regreso al espíritu liberal de la Constitución de 1857, debido a que se abandonan la mayor parte de las normas anticlericales de la Revolución, pero también ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los principios del Estado laico. En estos días observamos de manera preocupante que la escena nacional está dominada por actos de violencia generalizada, corrupción, y divergencias políticas, sociales y económicas. Así lo pone de manifiesto la división de la sociedad después de las elecciones del año pasado, en donde se observaron campañas de odio contra partidos políticos y candidatos que ocasionaron fuertes heridas en la ciudadanía, mismas que pueden abrirse aún más, si se continúa con esa estrategia electoral de odio y resentimiento como lo acontecido en Yucatán. O los supuestos atentados que aparentemente se adjudica el Ejército Popular Revolucionario (EPR), de las explosiones a los gasoductos de Petróleos Mexicanos en los estados de Querétaro y Guanajuato; la controvertida participación de las fuerzas armadas, extralimitando su competencia, en el combate al narcotráfico, el cual, ha ocasionado un enfrentamiento armado entre el Ejército y la delincuencia organizada, teniendo como resultado incuantificables ejecuciones de personas, el escandaloso caso de la presunta corrupción de funcionarios del gobierno federal actual, desencadenado por las declaraciones del empresario prófugo Zhenli Ye Gon y la profunda división entre los principales actores políticos y económicos resultado de una muy cuestionada reforma hacendaria. En medio de este enfrentamiento político, económico y social, e incluso militar, ahora, la Arquidiócesis de México propone una reforma constitucional a los artículos 3º, 24, y 130, así como modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con el propósito según, sus mismas palabras de “alcanzar una verdadera libertad religiosa”. Es lamentable que la Iglesia Católica precisamente en los momentos que el país requiere unidad y voces orientadoras que propicien un ambiente de tolerancia, civilidad y solidaridad, introduzca de manera irresponsable un elemento más de confrontación: una disputa de carácter político-religioso, conllevaría a un riesgo muy elevado de inestabilidad social. En lugar de buscar posiciones de poder y privilegio, sería pertinente que desde las asociaciones religiosas se hiciera un llamado a la reconciliación de todos los sectores del país, para que prevalezcan los métodos pacíficos de resolución de las controversias, por encima de los que pugnan por el uso de la violencia. Una vez concluida la difícil experiencia del primer gobierno de la transición, la Reforma del Estado constituye el marco ideal para reivindicar los principios del Estado laico: resguardando las libertades y los derechos de todas y todos los mexicanos, y combatiendo el oportunismo de los líderes políticos que buscan legitimarse recurriendo al apoyo del clero; e impidiendo por otra parte, que las jerarquías religiosas busquen imponer su visión y filosofía a la sociedad y gobierno mexicano: por esto es urgente subir a rango constitucional, precisamente, la laicidad del Estado. Esperamos que el análisis la reflexión y las propuestas que se lleven a cabo en este Encuentro, contribuyan a impulsar reformas legislativas que enmarcadas en políticas públicas pertinentes, permitan que el país avance verdaderamente hacia una democracia plena. Es preciso evitar los retrocesos que voces y posiciones intolerantes pretenden hacer prevalecer. Cabe recordar que en el 2009 el Vaticano organizará el VI Encuentro Mundial sobre la Familia en la Ciudad de México. Sin embargo, no se debe aceptar que el clero político imponga a toda la sociedad, su visión religiosa de la familia o de temas que sólo al Estado competen. En este contexto consideramos fundamental señalar que, frente al enfoque religioso en temas sobre educación de la sexualidad, la conformación de familias alternativas, la salud sexual y reproductiva, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la diversidad sexual, deben ser analizados desde la perspectiva científica. En las conferencias que se presentarán a lo largo de esta semana se discutirán temas de vital importancia, para una sana convivencia de la sociedad mexicana, pero los grandes ejes reflexivos que guiarán este Encuentro Internacional serán el laicismo y la educación. En una sociedad más informada, la educación de la sexualidad es un derecho y se constituye como el instrumento más eficaz para transformar a la sociedad mexicana, en virtud de que no solo desarticula desde la raíz la discriminación hacia bisexuales, gays, lesbianas, transexuales y transgéneros; sino también permite combatir la deserción escolar por embarazos no deseados, sobre todo en la población adolescente y permite romper el círculo vicioso de la pobreza y violencia intrafamiliar, el machismo, la misoginia, la homofobia, convirtiéndose al mismo tiempo, en instrumento de prevención de infecciones de transmisión sexual, evitando pandemias como la del VIH/SIDA, o el papiloma humano. Es decir, la educación de la sexualidad puede ayudar a alcanzar un mundo más libre, democrático, justo, equitativo, igualitario, democrático, desarrollado, sin discriminación y sin violencia. La libertad de conciencia, como elemento primordial de la libertad de creencias, debe ser garantizado por las instituciones políticas, ya que le imprime solidez al Estado laico y lo blinda frente a los embates agresivos de la derecha confesional. La defensa del Estado laico en la actualidad, implica reconocer que la separación entre las esferas política y religiosa, y la distinción entre la gestión pública y las creencias personales son principios de la convivencia social. FRENTEA A LA INTENCIÓN DEL CLERO DE TENER MAYOR PODER Y PIVILEGIOS. ¡Pongámonos en estado de alerta! ¡Defendamos el Estado Laico! ¡Víva el Estado Laico! Muchas gracias. Dip. David Sánchez Camacho. Palacio Legislativo a 16 de julio de 2007.

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