15 de mayo de 2007

Espacio Público
El cuarto poder, al banquillo de los acusados
En un sistema político democrático los poderes constitucionales tienen contrapesos. En México, Ejecutivo, Legislativo y Federal han aprendido la convivencia institucional. El poder mediático, empero, no ha conocido obstáculo ante sus atropellos.

Víctor Espíndola

Después de más de 40 años de no ser reformada la Ley Federal de la Radio y la Televisión, durante el sexenio pasado ocurrió el más vergonzoso entreguismo del poder público al poder fáctico de las televisoras. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Televisa, que entre otras cosas, somete las concesiones de radio y televisión a subasta pública, para que “el que pague mande”. A pesar de la movilización de la sociedad civil, del pronunciamiento activo de la red nacional de radiodifusoras y televisoras públicas y educativas, incluso contra el posicionamiento firme de algunos senadores de todos los partidos, pero sobre todo del PRD, PAN y PRI aprobaron la nueva ley, justo cuando ya había arrancado un proceso electoral altamente competitivo en el que los principales candidatos presidenciales se reunieron con los altos mandos de las televisoras, en lo que se interpretó como el arreglo entre aspirantes a Los Pinos y los propietarios de la televisión mexicana. La Ley Televisa fue aprobada. Años antes, Vicente Fox hizo lo propio: sin ningún negociación política de por medio, incluso sin el conocimiento de los funcionarios en la materia, como si tratara de un obsequio fácil a los concesionarios de la televisión, el presidente había derogado el reglamento de radio y televisión para suprimir la obligación de los concesionarios de pagar el impuesto especial del 12.5% de tiempo aire al Estado. Desde entonces, la radio y la televisión apenas conceden unos cuantos spots de 20 y 30 segundos a los poderes de la Federación y algunos organismos autónomos, mientras que los televidentes se enfrentan a bloques eternos de publicidad, sin que el Estado pueda hacer nada. Por cierto, que la facturación de los medios electrónicos en tiempos electorales es altísima, cuando por tratarse de asuntos de interés público deberían tener un espacio propio, más allá de los aburridos programas de “partidos políticos” en los medios. Reformar la ley era necesario, nadie lo dudaba. Desde la academia, los sectores públicos y la misma praxis de los medios electrónicos, se trataba de una demanda urgente, pues además los avances tecnológicos dejaban anacrónico el ordenamiento jurídico. Existían desde legislaturas anteriores iniciativas de ley en la materia, amplios trabajos de investigación, estudios profundos y especializados, todo para un debate que se antojaba histórico como la gran oportunidad de cambiar el estado de las cosas en cuestión de medios de comunicación. Transparentar la concesión de frecuencias de radio y televisión, regular contenidos sin caer en la censura, equilibrar funciones entre esparcimiento, educación y cultura, enfrentar la convergencia tecnológica, eran retos del proceso legislativo, pero todo se vino abajo, cuando en el lobby, las dos televisoras de México impusieron su proyecto de ley. Hoy parece haber esperanza, porque la Suprema Corte de Justicia aceptó discutir la Ley de Radio y Televisión para interpretar su constitucionalidad, lo que significa que el tema nuevamente ocupará un lugar privilegiado en el debate nacional y, desde luego, en las oficinas cabilderas de las televisoras. Así pues, es el momento para la participación activa de la sociedad de nueva cuenta, ya que los magistrados parecen tener menos parcialidad que los legisladores de aquél entonces cuando fue aprobada la ley. Es tiempo de hacer una defensa sin parangón de la convivencia ordenada y equilibrada entre los poderes públicos y mediáticos. Ahora que el cuarto poder está sentado en el banquillo de los acusados, el jurado de la sociedad debe hacer su sentencia siempre invocando el interés general sobre las motivaciones particulares.

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