11 DE NOVIEMBRE DE 2008
Matrimonios homosexuales: La batalla contra los fundamentalismos
El tema de las uniones entre personas del mismo sexo ha quedado sujeto a manipulaciones conservadoras. El más claro ejemplo: California y en breve, Costa Rica, que también debate el tópico. La Ciudad de México tampoco es la excepción.

Lol Kin Castañeda Badillo

El pasado 4 de noviembre en California, fue sometido a referéndum el derecho al matrimonio homosexual que en cinco meses de vigencia, había reconocido los derechos de al menos 18 mil parejas en la entidad y que, echando mano de argumentos morales y fundamentalistas, revirtieron ese triunfo ciudadano. Quienes legislan han olvidado los compromisos que implican las democracias plurales, en las cuales, siguen pesando más las legislaciones desde los púlpitos que el compromiso con toda la ciudadanía, por parte de quienes se dicen sus representantes. Es alarmante que los temas de las políticas públicas queden sujetas a manipulaciones ideológicas conservadoras, permitiendo vulnerar a una gran parte de la ciudadanía, que en el caso de California fue desfavorable para este sector por un margen del cinco por ciento y que, han retrocedido los avances democráticos, al permitir que los derechos se “otorguen” por consenso, cuando el espíritu tendría que ser en el sentido de garantizarlos. Estos fundamentalismos religiosos han ocasionado un revés legislativo, que comienza a cobrar fuerza intentando replicarse la medida de los plebiscitos (en cuestión de derechos) en Costa Rica, en donde se está discutiendo una propuesta en el Congreso que daría beneficios de ley en equidad a las parejas homosexuales con relación a las parejas heterosexuales. O qué decir de la Confederación Episcopal Española, quien reavivó el tema de la consulta en el país, volviendo a los discursos normalizantes que pretenden sostener el orden natural de la sociedad, con ellos como certificadores. Los autonombrados líderes religiosos han expresado su rechazo a las uniones homosexuales en Estados en donde la laicidad tendría que ser garantizada, sin embargo, quienes tendrían que ser garantes en este sentido, han permitido que por encima de las leyes y de los derechos en equidad, se impongan discursos morales en lugar de controlar y vigilar el uso de la atribuciones de estas instituciones religiosas. En nuestro país estos discursos y la forma de hacer política no es la excepción. En la Asamblea Legislativa del DF fue ingresada una iniciativa para modificar el Código Civil del DF e incluir a las parejas del mismo sexo en las figuras jurídicas de matrimonio y concubinato, sin embargo, la iniciativa toma por sorpresa a los grupos LGBT, en un momento en el que los discursos conservadores (incluidos los de izquierda) se posicionan como delegados con voz y voto. Esta iniciativa se antoja más como un tema publicitario de frente a las próximas elecciones intermedias de 2009 que como parte de un compromiso amplio de legislar. Pareciera que la maniobra trata de partidizar el tema social, apropiándose de una discusión en donde lo de menos es el acercamiento con este sector de la población y el reconocimiento de sus derechos, ya que sin medir las condiciones reales que hay en este momento para llevar a buen término una propuesta con estas características, la ponen sobre la mesa. Frente a estas acciones aisladas tendríamos que acudir a la memoria colectiva y hacer entender a las y los representantes ciudadanos (legisladoras y legisladores), que el bien común no es un botín político, y que los temas de los derechos de la ciudadanía LGBT tienen que ser garantizados más allá de las preferencias electorales y más allá de los discursos morales. Comprometerse con una agenda social de izquierda tiene un sentido más amplio que sólo colocar temas mediáticos para ganar votos. Esta vez compete a todos los partidos políticos el comprometerse con la ciudadanía, para garantizar que los derechos sean reconocidos en igualdad y sin excepciones, con base en el artículo 1º Constitucional. Hoy más que nunca, el movimiento social LGBT en México tiene que tomar la voz y exigir sus derechos, sin que ello se convierta en una moneda de cambio para los partidos políticos.

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